Para el caso de la Cámara de Representantes, el proyecto No. 152, “Por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión, y se dictan otras disposiciones”, radicado por la Ministra de Comunicaciones, Sylvia Constaín hace dos meses, ha enfrentado permanentemente a las mayorías del Gobierno en la Comisión VI y la Bancada Alternativa que ha solicitado con insistencia la apertura de un debate amplio, democrático y regional de la propuesta.
La Mesa Directiva de la Comisión VI, desconoció por ejemplo una proposición, promovida por la Bancada, que ya había sido aprobada para realizar seis audiencias públicas en las regiones con la participación de los actores relevantes en los territorios y que tienen que ver con el cambio en la reglas de juego y la asignación de las telecomunicaciones.
Durante la discusión de las comisiones conjuntas y en repetidas ocasiones se le negó la palabra a la congresista Pizarro y se omitió su solicitud de poner en consideración una proposición dirigida a incluir en el debate la consulta previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrocolombianos.
Los congresistas han dicho que son por lo menos cinco las razones principales para abrir una discusión amplia del proyecto de ley que quiere pupitrear el Congreso presionado por el Gobierno:
• No ha tenido discusión amplia con todos los sectores: actores, productores, canales regionales y medios comunitarios, pero sobre todo los usuarios de los servicios de televisión, radio y telecomunicaciones y las comunidades afectadas.
• Concentra el poder de regulación de comunicaciones en el Gobierno y quita autonomía y recursos a la televisión pública y comunitaria.
• Estimula los monopolios y concentración de propiedad de medios puesto que entrega a los privados y a unas empresas en particular, el manejo del espectro radioeléctrico y las concesiones de televisión pública y radiodifusión sonora de por vida y casi sin pagar nada por ello.
• Aumenta el plazo de las licencias de 10 a 30 años con renovación automática
• Los recursos destinados a la cultura quedan atados al IPC al igual que la educación lo que últimas significa su desfinanciación.
• Concentra el poder de regulación de comunicaciones en el Gobierno y quita autonomía y recursos a la televisión pública y comunitaria.
• Estimula los monopolios y concentración de propiedad de medios puesto que entrega a los privados y a unas empresas en particular, el manejo del espectro radioeléctrico y las concesiones de televisión pública y radiodifusión sonora de por vida y casi sin pagar nada por ello.
• Aumenta el plazo de las licencias de 10 a 30 años con renovación automática
• Los recursos destinados a la cultura quedan atados al IPC al igual que la educación lo que últimas significa su desfinanciación.
Mientras los congresistas afirman que esta ley constituye un “cheque en blanco”, la Ministra Constaín asegura que es una prioridad para promover la equidad en el país y la idea es tramitarlo lo más pronto posible. ¿Cuál será este afán?