Colombia es el tercer país de latinoamérica en tener más reclusos, con un gasto anual de 1.9 billones pesos al año, es decir cada recluso le cuesta al estado 18 millones de pesos al año
El costo es igual al presupuesto destinado para los organismos de control; y superior al del sector de comercio industria y turismo o ambiente. Sin embargo, el hacinamiento llega al 57,4 por ciento.
Después de Brasil y México, Colombia tiene el título del tercer país de la región con más personas tras las rejas, según el Centro Internacional para Estudios Penitenciarios.
El Gobierno destina 182.000 millones de pesos al mes para atender a la población carcelaria, de los cuales el mayor gasto es el de personal, que incluye a los encargados de la custodia y vigilancia de los centros de reclusión, y la nómina administrativa, todo por un valor de 74.267 millones de pesos.
En segundo lugar, están los bienes y servicios que son contratados con terceros. Estas transferencias se ubican mensualmente en 57.968 millones de pesos. Solo la alimentación cuesta 38.000 millones de pesos, lo que es equiparable al presupuesto para este año del sector de ciencia y tecnología.
Para gastos generales, entre los que se incluyen los servicios públicos, mantenimiento, transporte de internos y la compra de bienes como muebles y enseres, se destinan 16.527 millones de pesos. Y, el último rubro, se destina para gastos de ocupación laboral y atención a los reclusos, con 9.355 millones de pesos al mes.
La mayoría de los reclusos llegan a las cárceles del país por tres razones fundamentales. Por un lado el "populismo punitivo, pues en el Congreso se piensa que mediante el incremento de penas se va a lograr combatir la criminalidad cuando esto ha resultado absolutamente inocuo". En los últimos 14 años se han tramitado 37 reformas al código penal para incrementar las penas o para introducir nuevos delitos.
Al respecto Francisco Bernate, abogado penalista de la Universidad del Rosario, explicó que el problema de hacinamiento se presenta desde los años 90, en particular desde 1995, cuando empezó a aplicar el Estatuto Anticorrupción. Luego llega el 2006, cuando "se consolida el sistema penal acusatorio, que ha ocasionado los niveles escandalosos de hacinamiento".