Los guerrilleros que no cumplan con las obligaciones de verdad, reparación y reconocimiento pagarán entre 15 y 20 años de prisión.
La jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo judicial para administrar justicia, e investigar, juzgar y sancionar lo ocurrido en el conflicto,
en particular aquellos delitos más graves o representativos.Está constituida por varias salas de justicias, entre estas la Sala de Amnistías e Indulto y un Tribunal para la Paz, estará integrada por 18 Magistrados colombianos y 6 extranjeros.
La jurisdicción juzgará a las unidades desmovilizadas de los grupos guerrilleros que se suscriban a el acuerdo final y que hayan entregado las armas, tambien a los miembros del Estado que hayan cometido delitos en razón del conflicto armado y quienes hayan participado como financiadores o colaboradores voluntarios teniendo responsabilidad en crímenes graves.
Las sanciones que impondra La jurisdicción Especial para la Paz serán:
Sanciones restaurativas y reparadoras
Esteas comprenden en restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, y para quienes reconozcan la verdad exhaustiva, detallada y plena en la sala de reconocimiento de verdad , responsabilidad, pidan perdón y contribuyan con la reparación de las víctimas.
Sanciones alternativas
Estas sancionaran las conductas muy graves y se les impondran a quienes reconozcan la verdad y responsabilidad de manera extemporánea, tendrán una función retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión.
Sanciones ordinarias conforme al Código Penal
Estas se les impondrán a quienes no cumplan con las obligaciones de verdad, reparación y reconocimiento de la responsabilidad y resulten declarados culpables en el juicio, pagarán entre 15 y 20 años. De prisión.
Es decir, que si un ex combatiente de las Farc dice que no tiene bienes o niega su autoría en un crimen y en juicio se le demuestra lo contrario, será juzgado por la justicia ordinaria. Igual pasará para quienes una vez firmados los acuerdo continúen extorsionando, traficando o cometan cualquier crimen.
Se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en desarrollo de la rebelión, la sedición, la asonada, el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario y concierto para delinquir con fines de rebelión.
No se amnistiarán e indultarán los delitos de lesa humanidad: crímenes de guerra, toma de rehenes, secuestros, tortura, ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores.
Se velaran por los derechos de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición; y la reparación colectiva de los territorios y las poblaciones más afectadas por el conflicto.
Se tendrán en cuenta los mecanismos existentes y se tomarán nuevas medidas para que la reparación del daño causado sea un compromiso conjunto.
Es importante señalar que la Corte Penal Internacional CPI, máximo tribunal judicial a nivel mundial, el cual podrá intervenir en el país, en caso de recaudarse pruebas sobre un eventual caso de impunidad, ha destacado que no haya amnistías para crímenes de lesa humanidad y respalda las sanciones aplicadas para los actores