“Un día salí del colegio, un tipo uniformado me salió al paso, me dijo que lo acompañara y en un salón del colegio me dijo que tenía que trabajar para ellos o no volvería a ver a mis padres. Me tocó hacer de todo y hoy tengo una herida mental que nunca se me va a quitar”.
Casos como este, de menores víctimas de violencia sexual, por primera vez se empiezan a documentar en la historia del país, un crimen de guerra que alcanzó los mayores niveles de impunidad y apenas comienza a tener sanciones por parte de la Fiscalía.
El fin de semana el ente acusador sorprendió con la captura de Lucila Inés Gutiérrez, una mujer que durante varios años se desempeñó como rectora del colegio de Nuestra Señora del Rosario, de Charalá (Santander), y ahora está señalada por la Fiscalía de ser quien facilitó el colegio para que sus estudiantes fueran utilizados como “niños de compañía”.
El ente acusador llegó a ella por las declaraciones que rindieron ex paramilitares ante un fiscal de Justicia y Paz. Los testimonios revelaron que la docente propició el reclutamiento forzado y ayudó para que las niñas fueran sometidas sexualmente por ellos. Los señalamientos también involucran a Luis Moreno, exconcejal y esposo de la docente, quien actualmente está detenido por otro proceso.
Según el ente acusador, “los estudiantes al terminar las clases salían a prestar guardia o a patrullar en el corregimiento de Riachuelos, en Santander”.
También tienen documentado que la entonces rectora habría permitido que el grupo ilegal financiara bazares y reinados en los que participaban las niñas del colegio, para que el comandante del frente Comuneros, Carlos Alberto Almeida Penagos, alias ‘Víctor’, y otros jefes de la zona se llevaran a las niñas a sus campamentos.
Incluso prestaban su casa para los encuentros, ya que sólo un muro separaba la vivienda del colegio.
“Los paramilitares obligaban a los menores de edad a que los acompañaran en todo momento y abusaban de ellos cuando los emborrachaban o mediante amenazas de muerte. Nunca presentaron las denuncias debido a que la población era muy pequeña y temían por su vida”, dice uno de los apartes de la investigación de la Fiscalía que fue conocida por Semana.com.
Las acusaciones contra Lucila Gutiérrez y su esposo, Luis Moreno, no se quedan sólo en el apoyo que dieron a los paramilitares. También están señalados por un homicidio. Según la Fiscalía, la pareja acusó a una persona del pueblo como colaborador de la guerrilla, por lo que fue asesinado por los paras.
“La víctima fue enterrada en un jardín del colegio y fue descubierta por lo estudiantes cuando una parte del cuerpo salió a la superficie. Los paramilitares fueron los encargados de desaparecerlo y de esto nunca tuvieron conocimiento las autoridades”, dice la Fiscalía.
Para los investigadores el plan de los paramilitares era uno solo, crear un nuevo frente armado ilegal con jóvenes, que podría operar en la frontera con Venezuela.
Los hallazgos de la Fiscalía indican que en los casi cuatro años que operó en paralelo el campo de instrucción militar con el colegio fueron reclutados por lo menos 214 menores de edad en Santander, de los cuales 70 pertenecían a Riachuelo, un pequeño corregimiento del municipio de Charalá.