Desde el sábado un residente de Miami identificado como Juan Diego Mejía adelanta una campaña de “crowfounding” (recaudación de fondos en la web) en la página www.gofoundme.com a nombre de Catalina Serrano, esposa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias.
Mejía, en su mensaje que dejó en esta página web, dice que Serrano no cuenta con el dinero suficiente para sostener a sus dos hijos, Eloisa y Juan Pedro, quienes residen junto a ella y su esposo en Estados Unidos desde hace ya dos años, debido a que el pasado 23 de agosto su pareja fue detenido por las autoridades estadounidenses y recluido en una cárcel de máxima seguridad de ese país.
Contra el político pesa una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, desde el 2014, de casi 18 años de cárcel, una multa de 25.000 millones de pesos, además de una solicitud formal de extradición que actualmente adelanta las autoridades en Estados Unidos. Todo esto, acusado del delito de apropiación en favor de terceros, a lo cual él se ha declarado inocente.
“Andrés está hoy detenido en una prisión federal en Miami, mientras espera su audiencia de extradición el 24 de octubre, Catalina Serrano no tiene ingresos permanentes, ya que Andrés no puede trabajar para proveerlos.
La familia y lo amigos de Andrés y Catalina están contribuyendo y recolectando ayudas económicas para el sostenimiento de la familia Arias Serrano”, explica Mejía en esta web, en donde a día de hoy ha logrado recolectar 59,057 dólares.
Al ser capturado, la defensa del exministro de agricultura solicitó al Gobierno de Estados Unidos, durante la celebración de la segunda audiencia, la libertad bajo fianza le fue denegada debido al peligro de fuga de este.
Mientras tanto, en Colombia, el procurador general, Alejandro Ordóñez, le solicitó a la Corte Constitucional que revise una tutela interpuesta por el exministro con la que el exalto funcionario del gobierno Uribe busca ‘tumbar’ su condena por AIS.
La acción fue interpuesta por el suegro del exministro, César Augusto Serrano, bajo el argumento de reclamar la protección de los derechos al debido proceso y a la unidad familiar.
En un principio la Corte Suprema negó estudiar la tutela tras considerar que sólo Arias podía interponerla y porque ni los hijos ni la esposa del exfuncionario hacían parte del proceso penal.